Cómo el Estado protege los derechos legales de los jubilados

Aquí se describe el juicio de ocho años entre los agentes judiciales y la jubilada Eugenia Kislitsyna.

¿Cómo empezó todo? En un 2007 ya muy lejano, una mujer quiso comprar muebles de una tal compañía Sirena+. Se hizo el pedido, se transfirió el dinero, pero la jubilada nunca recibió el juego de muebles. Kislitsyna trató de resolver el caso pacíficamente sin éxito, recurrió a la ayuda de la corte, que se puso del lado de la víctima. La compañía tuvo que reembolsar 13,500 rublos de los gastos sobrevenidos de facto y pagar 6 mil rublos en compensación por el daño moral.

En ese momento comenzó lo más entretenido. Como de costumbre, el caso llegó a las manos de los agentes judiciales. Y desapareció. Es claro que el caso existió, pero no se tomó ninguna medida al respecto. Kislitsyna no abandonó sus intentos de proteger sus intereses y fue a la corte otra vez: esta vez con una queja en contra del servicio judicial. La juez volvió a satisfacer la demanda. Y en 2010, los agentes judiciales cerraron el caso de la jubilada, señalando que el deudor había cumplido con sus obligaciones. Pero quedó por resolver un pequeño detalle: la demandante nunca recibió su dinero.

La persona discapacitada del segundo grupo fue obligada a recurrir nuevamente a la ayuda de la corte. Y el caso en apelación en contra de los procedimientos de ejecución falsos se ganó nuevamente: el 17 de octubre de 2014, los jueces reconocieron la ilegalidad de los procedimientos de ejecución sin la recepción real del dinero.

Y entonces el servicio de agentes judiciales tomó una acción decisiva y llevó a cabo un plan rápido. Para la ejecución de la decisión judicial se encontró mágicamente una orden de ejecución que databa de 2008. Abrieron un nuevo procedimiento de ejecución. Pero la verdad es que el día de su apertura, el 23 de octubre de 2014, fue también la fecha de su conclusión. El motivo fue la liquidación del deudor, que ocurrió hace 2 años, en 2012. Y nadie se avergonzó por el hecho de que en el periodo de validez de la orden de ejecución anterior, es decir, hasta 2010, era muy posible recibir dinero del deudor.

Y pareció que todo estaba muy bien, que se respetaba la ley. No había deudor, por lo tanto no había deuda. Pero la parte de la familia Kislitsyn no quiso ver cómo se violaron sus derechos. Ya no se trataba únicamente de la suma de la deuda en sí misma: los jubilados querían restablecer la justicia.

Y otra vez Eugenia Kislitsyna fue a la corte. Esta vez, ella decidió cobrar la deuda del departamento responsable de la calidad del trabajo de los agentes judiciales, incluso económicamente, del Ministerio de Finanzas. La jubilada ya tenía los documentos del tribunal que confirmaban la culpabilidad del servicio.

Pareció que se restablecería la justicia: después de todo, fueron los tribunales quienes reconocieron que las acciones del servicio de los agentes judiciales fueron ilegales.

De los materiales de la corte del 17 de octubre de 2014 se deduce que se perdieron los documentos del caso sobre la recuperación. Pero, según el acusado, el proceso se completó con éxito. Aunque el dinero, que según la lógica debería haber sido transferido a las cuentas del servicio, no llegó nunca a la jubilada.

¡Pero no había límite para las capacidades de la magistrada Yermolina del distrito número 153! El 15 de junio de 2015, emitió una decisión por la cual las reclamaciones de Kislitsyna fueron reconocidas como ilegales.

Un poco de teoría. Para encontrar al acusado culpable e imponerle un reparo de daños, se deben probar los siguientes factores: el daño real hecho al demandante; la culpa de la persona que causó el daño, el nexo causal de las acciones del acusado con las consecuencias de la parte lesionada y un daño justificado.

Todo lo anterior estuvo en contra del servicio de los agentes judiciales: después de todo, el dinero supuestamente transferido por Sirena nunca fue recibido por Kislitsyna, lo que prueba directamente la culpa de los agentes.

Pero incluso esos hechos obvios no impidieron que la juez Yermolina decidiera que la violación de los derechos de la demandante, debido a las acciones del acusado, no fue establecida. Y el acusado todavía estuvo listo para recuperar los fondos del deudor. Por cierto, el deudor completó sus actividades hace tres años.

Eugenia Kislitsyna decidió impugnar otro veredicto de Yermolina y presentó una apelación, cuyo plazo de consideración se fijó para el 26 de noviembre.

El caso fue revisado por la juez Galkina. Merece otra narración amarga su comportamiento hacia los demandantes, Eugenia y Leonid Kislitsyn (su esposo decidió actuar como representante en la reunión).

Para empezar, a los jubilados no se les permitió tomar asiento frente a los representantes del acusado. Según Galkina, le hubieran dificultado moverse por la sala. Los Kislitsyn tuvieron que tomar un banco y recoger constantemente los documentos que caían de sus manos. En un tímido intento por parte de los cónyuges de insistir en la igualdad de derechos con el acusado, la juez llamó inmediatamente al agente judicial para que le devolviera la orden.

La solicitud de Leonid Kislitsyn de repetir una de las frases provocó una reacción extraña por parte de la juez, quien dijo que no tenía por que gritar. Por cierto, Galkina no se molestó en repetir su oración, ni en invitar al representante a sentarse más cerca de ella.

Luego las solicitudes de la demandante fueron rechazadas. Seis veces Kislitsyna quiso agregar a los procedimientos las decisiones de cortes pasadas, por alguna razón ignoradas por Galkina. Pero la juez rechazó todas las solicitudes, considerándolas irrelevantes para el caso. Otro reclamo de Galkina fue el número insuficiente de copias de materiales. A pesar de ello, la moción de posponer la reunión para preparar copias también fue denegada.

Entonces el representante de la demandante intentó iniciar el reemplazo de la juez. El motivo de ello fue el hecho de que la juez no tenía interés en la opinión de los participantes en el proceso, pero esto se aplicaba solo a la demandante a y su representante, Leonid Kislitsyn. La opinión de los representantes del acusado siempre le interesó a Galkina.

Como se esperaba, la juez rechazó su descalificación, ignoró la razón expresada por Kislitsyn e informó que la demanda de la objeción estaba basada en el insulto personal del representante de la demandante con respecto a las peticiones rechazadas.

Pero Galkina no se detuvo allí, afirmó que la demandante la había interrumpido dos veces y decidió retirar a Eugenia Kislitsyna de la sala del tribunal. El representante de la demandante, que permaneció hasta el final de la reunión, estuvo hasta el final solo porque comenzó a pedir permiso para hablar antes de cada comentario.

Leonid Kislitsyn intentó llevar a la notificación del tribunal modificaciones a la apelación. Pero la juez no le permitió hacer esto, primero denunció una violación de la secuencia del proceso y luego omitió por completo la etapa del debate, en la que un representante del acusado podría hablar para explicar su posición.

Al final de esta farsa, los cónyuges Kislitsyn reflexionan a qué autoridad acudir para evaluar las acciones de la juez Galkina. Mientras tanto están planeando presentar quejas al panel de jueces y al TEDH.